El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, seguramente el defensor del pueblo más domesticado por el PSOE, contra la suspensión cautelar del voto exterior dictada por el Tribunal Supremo para determinados nacionalizados bajo la conocida como «ley de nietos». El Tribunal de Garantías ha respaldado la ponencia del magistrado Concepción Arnaldo por una contundente mayoría de 10 votos contra 2, dejando sin efecto la petición de medidas cautelarísimas de la institución. Incluso la mayoría de los vocales progresistas ha desestimado tal recurso.
La consecuencia política e institucional directa de este fallo es que se mantiene de forma íntegra la suspensión del sufragio acordada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De este modo, cerca de 160.000 ciudadanos residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad española a través de la polémica instrucción del Gobierno no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
El motivo técnico: un planteamiento «prematuro»
La decisión del pleno del Tribunal Constitucional, secundada incluso por su presidente Cándido Conde-Pumpido, no ha entrado a valorar el fondo de la supuesta vulneración de derechos fundamentales aducida por el Defensor del Pueblo. El tribunal se ha ceñido a un criterio de estricta subsidiaridad de la vía de amparo.
Según el auto judicial, el recurso de Gabilondo fue calificado como prematuro debido a que la causa principal sigue abierta en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal argumenta que el cauce judicial ordinario no se ha agotado, puesto que el propio Supremo mantiene activo el plazo para presentar alegaciones hasta el viernes 23 de octubre. Por tanto, la justicia de garantías no puede intervenir en un procedimiento en curso que carece de resolución firme y definitiva.
Solo dos magistrados del bloque progresista, Ramón Sáez y Juan Carlos Campo, se opusieron a la inadmisión defendiendo que el recurso sí debió tramitarse, anunciando además la formulación de votos particulares.
Origen del conflicto: ley contra instrucción
La batalla jurídica nace de las diferencias de aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. El texto legal concede la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados que perdieron o renunciaron a la condición de españoles por motivos políticos, ideológicos o de creencia. El Tribunal Supremo no ha puesto trabas al voto de las personas amparadas directamente por este precepto legal.
El problema radica en una instrucción posterior dictada por el Gobierno, la cual ampliaba sustancialmente la aplicación de la norma al establecer una «presunción general de exiliado» para todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Al considerar la justicia que dicha instrucción pudo desbordar los límites impuestos por el propio poder legislativo, el Supremo suspendió cautelarmente los derechos políticos derivados de ella hasta resolver el litigio principal.
Impacto en las elecciones generales del 29-N
El Defensor del Pueblo, tal y como convenía a los intereses del infame Pedro Sánchez, había invocado una «urgencia excepcional» para tumbar los autos del Supremo de septiembre y octubre. Su recurso advertía que la proximidad de los plazos electorales del 29 de noviembre generaría un daño irreversible al derecho de participación ciudadana si los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) quedaban excluidos.
Pese al portazo del Tribunal Constitucional, fuentes gubernamentales sugieren que Moncloa no da por vencida la batalla. Dado que el Constitucional ha rechazado el recurso por cuestiones de forma (el momento procesal) y no por el fondo del asunto, la vía judicial ordinaria en el Tribunal Supremo sigue viva. No obstante, los plazos juegan en contra de los afectados, haciendo prácticamente inviable que los 160.000 nacionalizados bajo la citada instrucción consigan revertir la suspensión antes de la cita con las urnas. el infame Pedro Sánchez y su corrupto gobierno idearon la «ley de nietos » para conseguir en el extranjero los votos que han perdido en España por su desastrosa gestión y su corrupción galopante
