El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación administrativa. La causa, impulsada por la asociación Hazte Oír, pone bajo el foco judicial la polémica instrucción que dictó en octubre de 2022 para interpretar el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de exiliados.
En octubre de 2022, como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente firmó una circular para facilitar la aplicación de la «Ley de Nietos» (Ley de Memoria Democrática). La directriz indicaba a los consulados aceptar como descendientes de exiliados a quienes probaran la salida de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Las acusaciones denuncian que esta norma administrativa modificó el espíritu de la ley al eximir de acreditar un exilio político y equipararlo a la mera salida cronológica, atribuyéndose competencias ajenas e incurriendo en prevaricación.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo alegando cosa juzgada, muy conveniente para un partido socialista desesperado por captar votos donde sea, y el Gobierno ha tachado la querella de uso político de la justicia, recordando que la Audiencia Provincial archivó un caso idéntico en 2025. Paralelamente, otro juzgado rechazó una querella similar de Vox.
La juez ha abierto diligencias previas, pero Sofía Puente no figura aún como investigada formal mientras se evalúan los antecedentes de los archivos previos. En paralelo, el Tribunal Supremo examina la legalidad de la instrucción y ha suspendido cautelarmente el derecho al voto de los afectados bajo esa circular hasta resolver el fondo.
