(Pedroflautas desalojados de acampada ilegal de Sol en las pasadas semanas: ninguno)
Representantes de los sindicatos se habían encerrado de forma indefinida en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad en Madrid. La inédita medida de protesta se activó tras la repentina ruptura de las negociaciones sobre una jubilación digna y el reconocimiento como profesión de riesgo, un diálogo que el Ejecutivo dio por suspendido unilateralmente escudándose en el adelanto electoral del próximo 29 de noviembre. Paradójicamente, han sido agentes de la UPR de la misma Policía Nacional del régimen sanchista quienes han desalojado a sus compañeros, quienes exigen mejoras salariales al gobierno del infame Sánchez. Malos tiempos para ser policía y ejercer coherencia.
El detonante: ruptura en la mesa técnica tras un año de promesas
Los acontecimientos se desencadenaron en la tarde del martes en la sede de la calle Amador de los Ríos. Los representantes de los agentes acudían a un encuentro clave de la mesa técnica —constituida en abril— con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Sin embargo, la reunión apenas duró media hora.
Calvo trasladó a las organizaciones que la convocatoria de elecciones generales impedía seguir avanzando en los compromisos legales, remitiendo cualquier posible acuerdo a la siguiente legislatura. Las centrales sindicales y asociaciones profesionales consideraron este movimiento una «traición» tras casi doce meses de reuniones y promesas sin concreción jurídica. Ante el plantón institucional, los líderes de JUPOL, SUP, UFP, AUGC y JUCIL (entre otras siglas), decidieron plantarse y declararse en encierro indefinido.
A las puertas del edificio se inició una concentración espontánea de apoyo a los encerrados. Según recogieron diversas fuentes y programas informativos, la tensión aumentó a lo largo de la noche cuando se impidió el acceso de agua y comida a los agentes que permanecían en el interior de las dependencias.
Un desalojo forzoso ejecutado de madrugada. Los policías prueban su propia medicina.
Pasada la medianoche, la Secretaría de Estado de Seguridad dio la orden de desalojar las dependencias ministeriales. Para ejecutar el mandato, Interior recurrió a efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.
El desalojo concluyó de manera pacífica en el exterior del edificio. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, explicó que los representantes optaron por salir voluntariamente para «no poner en un compromiso a los compañeros de la UPR», dado que la Administración les había amenazado formalmente con la apertura de expedientes disciplinarios por presuntos delitos de desobediencia y ocupación de edificio público.
A su salida, los portavoces policiales tacharon la actuación gubernamental de «ignominia». Los representantes afearon al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no tiemble al emplear la fuerza contra los propios custodios del Estado mientras mantiene una postura laxa y permisiva ante ocupaciones de espacios públicos en otros puntos de la capital, como la Puerta del Sol.
¿Qué reclaman la Policía y la Guardia Civil?
El núcleo de la movilización radica en una discriminación histórica respecto a otros cuerpos de seguridad del Estado:
- Profesión de riesgo: Exigen este reconocimiento legal con el que ya cuentan tanto las policías autonómicas (Mossos d’Esquadra y Ertzaintza) como las locales. No poseer este estatus les resta protección jurídica y penal ante el repunte de la violencia en las calles.
- Jubilación digna y anticipada: Demandan la aplicación de coeficientes reductores para poder retirarse en condiciones económicas justas y equivalentes a las de los cuerpos autonómicos, corrigiendo la brecha existente entre los regímenes de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social.
- Blindaje jurídico: Insisten en que cualquier acuerdo debe plasmarse en un texto legal y presupuestario para que sus derechos no dependan de los bandazos o la voluntad del Gobierno de turno.
La disolución de las Cortes con motivo del 29-N hizo caducar toda la tramitación parlamentaria pendiente. Con este encierro y su posterior expulsión nocturna, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado introducen sus demandas laborales de lleno en la agenda política y en una campaña electoral que se anticipa de máxima tensión institucional.
Mi pregunta es: ¿ante esta nueva traición del gobierno a los cuerpos policiales, decidirán los agentes del orden posicionarse de una vez al lado de la ciudadanía, o seguirán acatando las órdenes de un gobierno y unos mandos más centrados en sus propios intereses políticos y personales que en la defensa real de la ciudadanía?
