El adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciado por el infame Pedro Sánchez, ha sacudido por completo el tablero político y social de España. Las reacciones de los principales líderes sindicales no se han hecho esperar, y tratarán de condicionar la campaña electoral. Lejos de replegarse ante la disolución de las Cortes, CCOO y UGT han acordado la convocatoria de una huelga general para este otoño.
El detonante directo de este adelanto fue el rechazo parlamentario a los decretos sobre vivienda promovidos por el Ejecutivo. Tras esta parálisis legislativa, las centrales sindicales han decidido redoblar la presión en la calle y vincular las demandas laborales con la «emergencia habitacional».
La crisis de la vivienda como eje de la movilización
La gran novedad de esta convocatoria radica en que, por primera vez, los sindicatos mayoritarios asumen formalmente la propuesta del Sindicato de Inquilinas para articular un paro general que conecte el mercado laboral con la crisis habitacional.
- El conflicto de rentas: Tanto CCOO como UGT justifican el paro argumentando que los salarios actuales se ven completamente absorbidos por la inflación y los precios abusivos del alquiler.
- Carácter estatal: Aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta para el paro de otoño, portavoces del movimiento de inquilinos y las centrales sindicales han confirmado que las movilizaciones tendrán carácter estatal.
Exigencias logísticas y laborales inmediatas
Más allá de la movilización social en la calle, el adelantamiento de las urnas al 29 de noviembre obliga a los sindicatos a exigir garantías inmediatas en dos frentes institucionales críticos:
Por su parte, agrupaciones del ámbito agrario como COAG, Asaja y UPA han optado por abrir un periodo de debate interno para decidir si posponen o reconfiguran su propio calendario de protestas. Reconocen que la disolución de las Cortes rompe los márgenes habituales de interlocución y negociación con los ministerios.
El escenario hacia el 29-N arranca, de este modo, con un clima de profunda polarización, donde los líderes sindicales buscan evitar que el adelanto electoral diluya las reformas laborales pendientes y la urgencia social de la vivienda.
En el vídeo, Unai Sordo, de CCOO, demostrando que ser sindicalista no es otra cosa que ser un rastrero y vendido que tan solo ha defendido sus propios privilegios de sindicalista (exactamente igual que ha hecho UGT) pero jamás los intereses de los trabajadores, agricultores, ganaderos… Y sin embargo ahora fingen preocuparse por los propietarios que resultarían dañados por los decretos Maricarmen, cuando jamás han levantado la voz contra los indeseables okupas que tantas economías han arruinado.
