La llamada Ley de Nietos, impulsada por la corrupta izquierda bajo el paraguas de la necia y partidista Ley de Memoria Democrática, no es otra cosa que una búsqueda desesperada de votos extranjeros para tratar de detener una más que previsible sangría de votos nacionales. Una ley que las decisiones judiciales vuelven a situar en el centro de una enorme polémica política y judicial.
Lo que el Gobierno presentó como una «reparación histórica» se ha convertido en un auténtico problema de seguridad jurídica y de garantías democráticas. El Tribunal Supremo ha decidido mantener suspendido el derecho al voto de 163.355 personas nacionalizadas mediante esta legislación, incluso de aquellas que actualmente residen en España.
La decisión llega después de los recursos y actuaciones judiciales impulsados por VOX e Iustitia Europa, que han cuestionado los criterios utilizados por el Gobierno para conceder estas nacionalidades y facilitar su incorporación al censo electoral. La izquierda lleva años utilizando la memoria histórica como instrumento de confrontación política, convirtiendo una cuestión histórica y familiar en una herramienta de estrategia electoral.
La Ley de Nietos abrió la puerta a una concesión masiva de nacionalidades mediante unos criterios administrativos cuya aplicación ha terminado bajo el escrutinio de los tribunales. El problema no es que los descendientes de españoles recuperen una nacionalidad que legítimamente les corresponda; un concepto absurdo desde su raíz que busca gestionar mediante procedimientos dudosos, interpretaciones expansivas y controles insuficientes el derecho a voto de cientos de miles o de millones de extranjeros que jamás estuvieron en España, que no conocen nuestra nación, ni nuestra cultura ni nuestras circunstancias históricas, sociales ni políticas.
La nacionalidad española y el derecho a votar exigen rigor, transparencia y garantías, y no se puede improvisar con el censo electoral ni convertirlo en un instrumento al servicio de los intereses socialistas de un gobierno de corruptos.
El Supremo ha señalado precisamente la necesidad de revisar los criterios utilizados para incorporar a determinados beneficiarios de la ley al censo electoral. La resolución del 20 de noviembre supone un paso más: la suspensión alcanza también a quienes figuran en el censo de residentes en España. Solo 901 personas que han acreditado su condición de descendientes de exiliados quedan exceptuadas de esta medida, sin perjuicio de quienes puedan acreditarla antes de las elecciones del 29 de noviembre. Pero es u derecho que no debería existir, por lo antes expuesto. Ser descendiente de exiliados (que, además, fueron un número mucho menor de lo que se ha explicado) no garantiza que se conozca suficientemente un país como para decidir quien debe gobernar en él.
Hay que reconocer que VOX y Iustitia Europa ha conseguido llevar al terreno judicial una cuestión que el Ejecutivo debería haber resuelto con transparencia desde el primer momento. Mientras tanto, el infame Pedro Sánchez y sus socios siguen demostrando que las grandes operaciones legislativas de propaganda pueden terminar generando problemas que después tienen que resolver los tribunales.
La memoria histórica por mucho que sea una basura ideológica, no puede servir de excusa para rebajar las exigencias de legalidad, ni para alimentar sospechas sobre la limpieza de nuestros procesos democráticos. La nacionalidad española no puede ser un instrumento electoral. Y el derecho al sufragio tampoco puede convertirse en moneda de cambio de las estrategias políticas de una izquierda corrupta y degenerada.