El pleno del Ayuntamiento de Lérida aprueba la modificación de la Ordenanza de Civismo y Convivencia gracias a una inusual alianza entre el PSC, Junts y Vox. La oposición advierte de que el texto podría ser recurrido de nuevo ante los tribunales.
El Ayuntamiento de Lérida aprobó la modificación de su Ordenanza de Civismo y Convivencia para prohibir que se oculte totalmente el rostro en el espacio público. La medida, dirigida explícitamente a vetar vestimentas tradicionales islámicas como el burka y el niqab, salió adelante en el pleno municipal con los votos a favor del PSC (partido que gobierna la ciudad), Junts y Vox, sumando 16 votos favorables frente a los 11 en contra emitidos por el PP, ERC y el Comú de Lleida.
El nuevo redactado estipula que la ocultación del rostro en las calles y espacios públicos será considerada una infracción leve. Las personas que incumplan la norma se enfrentarán a sanciones económicas que oscilan entre los 400 y los 750 euros. No obstante, el texto contempla excepciones específicas para los lugares de culto, celebraciones donde sea habitual cubrirse por costumbres sociales arraigadas o cuando la indumentaria esté ligada al ejercicio directo de un derecho fundamental.
Un debate tenso y el fantasma jurídico de 2013
El debate plenario puso de manifiesto la profunda división política que suscita esta regulación. El alcalde de Lérida, el socialista Fèlix Larrosa, defendió la reforma afirmando que «convivir significa respetarnos y cumplir las normas», justificando el endurecimiento punitivo ante el aumento de incumplimientos cívicos en los últimos años. Por su parte, la concejala de Seguridad y Civismo, Cristina Morón, argumentó que la ordenanza busca equilibrar la mediación social y la prevención con la sanción cuando es necesario.
Desde la oposición, el rechazo a la ordenanza llegó por motivos contrapuestos. El Partido Popular (PP) optó por el voto negativo al considerar que la redacción es «demasiado flexible» y que, al incluir tantas excepciones, en realidad «regula» el uso del velo en lugar de prohibirlo con firmeza. Por contra, formaciones como Esquerra Republicana (ERC) y el Comú criticaron el carácter punitivo de la medida. La portavoz de los comunes, Laura Bergés, lamentó que la ordenanza termine «multando a la mujer y no al hombre», abogando en su lugar por políticas de inserción laboral y acompañamiento feminista.
La decisión reabre un viejo litigio en la capital ilerdense. Lérida fue pionera en España al vetar el velo integral en 2010; sin embargo, en 2013 el Tribunal Supremo anuló dicha prohibición bajo el argumento de que un ayuntamiento carece de competencias para limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa. En esta ocasión, fuentes del consistorio aseguran que sus servicios jurídicos han perfilado el redactado actual con el propósito de blindarlo ante eventuales recursos judiciales, centrándolo en garantizar la identificación visual y la interacción en la convivencia cívica cotidiana.
Las reacciones vecinales y del tejido asociativo no se han hecho esperar. Mientras colectivos como la Associació de Monitors i Educadors de Lérida expresaron públicamente su apoyo a la restricción, el presidente de la asociación Watani —quien ya tumbó judicialmente la norma anterior en 2013— ha advertido que la entidad agotará todas las vías democráticas y legales para frenar de nuevo la aplicación de la ordenanza.
