El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo la lupa la gestión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras detectar serias lagunas de información en torno a los premios no reclamados y la tramitación de expedientes en los últimos años. El órgano fiscalizador ha dado un plazo de diez días a la entidad pública para que aclare tanto la metodología empleada como el destino de 520 premios de «mayor cuantía» que no llegaron a repartirse en los últimos tres ejercicios.
El foco sobre los 3.539 millones de euros
La investigación pone el acento en el rastro contable de algo más de 3.500 millones de euros (3.539 millones, según los informes de seguimiento) correspondientes a premios caducados o no cobrados. Aunque la normativa establece que las cantidades no reclamadas revierten en el Tesoro Público como otros ingresos de explotación, el organismo auditor advierte de que SELAE sigue sin aportar una justificación detallada sobre el destino final de estos fondos.
Esta falta de concreción persiste a pesar de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Parlamento ya había solicitado formalmente dicha información en 2025.
Expedientes con documentación incompleta
Paralelamente, el último informe de seguimiento aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas —correspondiente al periodo 2023-2025— ha sacado a la luz otras incidencias administrativas en el pago de premios mayores:
- 519 expedientes observados. El órgano fiscalizador ha identificado 519 pagos de premios mayores en los que la documentación justificativa estaba incompleta o directamente ausente.
- 14,79 millones de euros afectados. El importe conjunto de estos expedientes con fallos documentales asciende a casi 14,8 millones de euros, sobre un volumen total de pagos que superó los 6.860 millones en el trienio analizado.
- Prevención del blanqueo. Según detalla el organismo en su informe publicado en Todo el Juego, parte de estas irregularidades responden a que ciertas entidades financieras colaboradoras no completaron adecuadamente la identificación de los ganadores, un requisito obligatorio bajo la ley de prevención del blanqueo de capitales.
Mejora estadística, pero persistencia en la opacidad
A pesar de las advertencias, el propio Tribunal de Cuentas reconoce en su análisis que el sistema de control interno de Loterías ha experimentado una notable mejora en los últimos años. Las incidencias documentales detectadas representan apenas el 0,31 % de los 168.449 expedientes tramitados entre 2023 y 2025, una cifra muy inferior al 7,84 % registrado en el periodo anterior (2019-2022).
Sin embargo, el requerimiento actual publicado por medios como El Debate subraya que el cumplimiento técnico en la tramitación cotidiana no exime a la empresa pública de rendir cuentas con total transparencia sobre los grandes premios que nunca llegaron a manos de los jugadores y cuyo rastro presupuestario sigue generando interrogantes.
¿Estamos ante otra sospechosa gestión de administración pública bajo el gobierno socialcomunista de Sánchez? Sospechar sería lícito, viendo como el ya corrupto estado que nos gobernaba hace ocho años aún ha caído más bajo desde que Pedro Sánchez entró por las puertas de La Moncloa y tomó el control de un gobierno creado a su imagen y semejanza, como se demostraría años después por las investigaciones policiales y las sentencias condenatorias habidas en los últimos años. Siempre se ha comentado y se ha publicado en ocasiones que grandes capitales de dinero negro han usado las loterías para blanquear ingentes cantidades de millones. Eso no tiene por qué haber cambiado, y menos aún viendo conociendo la catadura de los dirigentes que soportamos.