Hazte Oír pone palabras a un sentimiento de hartazgo que millones de españoles tienen razones para expresar: la indignación ante un Gobierno cuyas decisiones políticas, errores de gestión y prioridades están teniendo un coste demasiado elevado para el país.
Hay campañas que incomodan al poder. Y después está «Sánchez mata», la iniciativa de Hazte Oír que ha decidido poner sobre la mesa una cuestión que demasiadas veces se intenta esquivar: ¿quién asume la responsabilidad política por las consecuencias de las decisiones de un Gobierno?
El lema es deliberadamente contundente. No pretende ser una sentencia judicial ni una acusación de que Pedro Sánchez haya causado personalmente cada tragedia. Es una denuncia política que señala algo fundamental: las decisiones de quienes gobiernan pueden tener consecuencias reales sobre la vida, la seguridad, la libertad y el bienestar de los ciudadanos.
Y cuando esas consecuencias son graves, la responsabilidad no puede desaparecer detrás de una rueda de prensa, una comisión parlamentaria o una nueva estrategia de comunicación.
Un Gobierno con demasiadas cuentas pendientes
La gestión de la DANA de octubre de 2024, que dejó 222 fallecidos según los datos expuestos por el propio presidente en el Congreso, continúa siendo una herida abierta para miles de familias valencianas. Las responsabilidades de las distintas administraciones deben investigarse con rigor, pero eso no exime al Gobierno central de dar explicaciones sobre su actuación y sus decisiones.
A las tragedias se suman los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que han vuelto a colocar sobre la mesa las preguntas acerca del mantenimiento de las infraestructuras, la seguridad y la responsabilidad de los responsables políticos.
No basta con comparecer después de una desgracia, expresar condolencias y prometer investigaciones. Los ciudadanos tienen derecho a exigir prevención, inversión eficaz, transparencia y responsabilidades cuando la gestión pública falla.
Las leyes que han dividido a España
El legado de Pedro Sánchez tampoco puede analizarse sin examinar su agenda legislativa.
La Ley de Amnistía constituye uno de los ejemplos más controvertidos. Una norma que ha provocado una profunda fractura política y social, y que sus detractores consideran una concesión política para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para mantenerse en el poder.
También están la Ley del Solo Sí es Sí, cuya aplicación inicial provocó revisiones de condenas y excarcelaciones que generaron una enorme indignación social; la legislación sobre vivienda, cuestionada por sus efectos sobre la oferta de alquiler; y las leyes del aborto, eutanasia y derechos trans, que han suscitado importantes discrepancias éticas, jurídicas y políticas.
Se puede discrepar legítimamente sobre estas normas. Lo que no debería discutirse es el derecho de los españoles a exigir que se evalúen sus resultados, se corrijan sus efectos negativos y se debata libremente sobre ellas.
Una mayoría parlamentaria permite aprobar leyes, pero no convierte automáticamente cada decisión en acertada.
La confianza en las instituciones, bajo presión
Otro de los grandes problemas del actual periodo político es el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
Las investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno político y familiar del presidente, así como las controversias relacionadas con antiguos cargos socialistas, exigen transparencia y explicaciones.
Conviene recordar que una investigación no equivale a una condena y que la responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales. Pero la responsabilidad política tiene un alcance distinto: un presidente debe ofrecer explicaciones cuando su entorno se encuentra bajo sospecha y cuando la credibilidad de su Gobierno está en entredicho.
España no puede acostumbrarse a que cada escándalo sea respondido con una estrategia de resistencia política y una nueva batalla dialéctica contra quienes piden explicaciones.
Los españoles pagan las consecuencias
Mientras el Gobierno defiende su gestión, muchas familias siguen preocupadas por el precio de la vivienda, los alquileres, los impuestos, la cesta de la compra y las dificultades para llegar a final de mes.
Los jóvenes encuentran enormes obstáculos para emanciparse. Los pequeños empresarios y autónomos soportan una presión administrativa y fiscal que consideran excesiva. Y numerosos trabajadores sienten que su esfuerzo no se traduce en una mejora proporcional de su calidad de vida.
No todos estos problemas son responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez, ni nacieron con su llegada a La Moncloa. Pero resulta legítimo exigirle cuentas por las decisiones que ha tomado durante sus años de Gobierno y por las soluciones que todavía no han llegado.
Gobernar no consiste en atribuirse los éxitos y repartir las culpas entre los demás. Gobernar significa asumir las consecuencias.
Hazte Oír hace lo que una sociedad democrática debe poder hacer
La campaña de Hazte Oír puede gustar más o menos. Su lenguaje es provocador y busca precisamente sacudir la opinión pública. Pero en una democracia las organizaciones civiles tienen derecho a denunciar, protestar, cuestionar al poder y exigir cambios políticos.
El autobús con el lema «Sánchez mata» representa una crítica radical a la gestión del socialismo y a las consecuencias que sus promotores atribuyen a las políticas del presidente.
No se puede exigir silencio a quienes discrepan del Gobierno. Tampoco se puede pretender que una asociación civil renuncie a utilizar mensajes contundentes mientras estos permanezcan dentro de los límites de la ley.
La libertad de expresión no consiste únicamente en poder aplaudir al presidente. También consiste en poder criticarlo, ridiculizarlo y exigir su salida del poder por vías democráticas.
España necesita responsabilidades, no más propaganda
El problema de España no es que existan ciudadanos críticos con Pedro Sánchez. El verdadero problema sería que esos ciudadanos dejaran de exigir explicaciones, que las tragedias quedaran reducidas a estadísticas y que las decisiones políticas no tuvieran consecuencias electorales.
La democracia no concede a ningún gobernante un cheque en blanco. Tampoco le otorga inmunidad frente a la crítica.
Por eso, la campaña «Sánchez mata» debe entenderse como una llamada de atención sobre el precio de la irresponsabilidad política, la gestión deficiente y las decisiones que pueden perjudicar gravemente a los ciudadanos.
Pedro Sánchez tiene derecho a defender su gestión. Los españoles tienen exactamente el mismo derecho a cuestionarla y a pedir un cambio de rumbo.
Porque España no pertenece a ningún partido, ningún presidente está por encima de la crítica y ninguna mayoría parlamentaria puede convertir los errores en aciertos por decreto.
La vida, la seguridad, la libertad y el bienestar de los españoles merecen algo más que propaganda política. Merecen un Gobierno que responda ante los ciudadanos y que asuma sus responsabilidades.
Y si un Gobierno no está a la altura, en democracia la última palabra deberían tenerla las urnas, sin pucherazos.