El 1 de octubre de 2026, España se convirtió en el único país de la Unión Europea en votar en contra del nuevo Reglamento de Retornos, una normativa aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en Luxemburgo para acelerar la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
El acuerdo recibió el respaldo de 23 países y la abstención de Bélgica.
El rechazo español se fundamentó en excusas presentadas por el ministro del Interior, el traidor Fernando Grande-Marlaska: la falta de un reconocimiento mutuo automático de las órdenes de expulsión, la creación de centros de retorno en terceros países por generar «inseguridad jurídica» y la desproporcionalidad de ampliar los plazos de detención hasta los 24 meses.
Esta posición en solitario del Gobierno del felón Sánchez refuerza ante la opinión pública la percepción de que Los gobernantes españoles y su entorno permanecen vergonzosamente arrodillados y sumisos a los intereses globalistas del gran plan de invasión de Europa y de sustitución poblacional, especialmente al coincidir con la persistente crisis migratoria en las fronteras de Ceuta.
Las excusas del «no» del indigno y cobarde gobierno de Sánchez:
- Centros de reclusión externos: El reglamento ampara legalmente la creación de centros de deportación en terceros países ajenos a la UE. El ministro Fernando Grande-Marlaska criticó que estas instalaciones ofrecen «garantías limitadas», generan una profunda «inseguridad jurídica» y abren la puerta a trasladar a familias e hijos menores a estados con los que no guardan ningún tipo de vinculación. [1, 2]
- Detenciones prolongadas: España tachó de desproporcionadas las nuevas directrices que permiten extender la privación de libertad de los migrantes hasta un máximo de 24 meses y encadenar periodos de retención en distintos países sin un límite temporal claro. [1]
- Falta de reciprocidad: Para el Ejecutivo español, el texto da un paso atrás en la cohesión europea al no contemplar un reconocimiento mutuo automático de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros.
