La ofensiva judicial contra el bloque mayoritario del Tribunal Constitucional (TC) se ha recrudecido en el Tribunal Supremo. La asociación Hazte Oír ha presentado una denuncia formal ante la Sala de lo Penal del alto tribunal contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y los otros seis magistrados del ala de tendencia progresista que votaron a favor de amnistiar el delito de malversación en el marco del procés catalán. El colectivo les acusa de los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de atribuciones judiciales, al considerar que dictaron una resolución injusta a sabiendas con el único fin de imponer la medida de gracia y favorecer la rehabilitación política de líderes independentistas como Carles Puigdemont.
El origen del conflicto: La amnistía de la malversación
La denuncia se interpuso a raíz del fallo del Pleno del Tribunal Constitucional respecto al recurso de amparo de la exconsejera catalana Dolors Bassa. El TC no solo anuló los autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo —que inicialmente había descartado aplicar la amnistía al delito de malversación—, sino que ordenó de forma imperativa al Alto Tribunal dictar una nueva resolución en la que declare la malversación como delito amnistiado.
A juicio de los denunciantes, esta orden excede completamente las competencias de la Corte de Garantías. Sostienen que el TC debió limitarse a dirimir si existió o no vulneración de derechos fundamentales, en lugar de dictar un mandato penal cerrado que obliga al Supremo a resolver en un sentido material preconcebido.
Los argumentos de la denuncia y el «fractura» institucional
La querella de Hazte Oír se fundamenta en gran medida en los duros votos particulares suscritos por los cinco magistrados del ala profesional o conservadora del TC (Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, José María Macías, César Tolosa y Ricardo Enríquez).
En dichos escritos de discrepancia, la minoría acusó abiertamente a la mayoría de perpetrar una «preocupante y reiterada suplantación del rol que corresponde al Tribunal Supremo» en la interpretación de la legalidad ordinaria. Los magistrados críticos alertaron de que esta línea metodológica «distorsiona y pervierte» el sistema de justicia en España, rompiendo la arquitectura constitucional al ignorar que el Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
La entidad denunciante utiliza estos mismos argumentos jurídicos para señalar ante el Supremo que los siete magistrados mayoritarios actuaron motivados por un contexto político-electoral y desbordaron de forma flagrante los límites de sus atribuciones públicas.
Un precedente jurisprudencial en contra
Pese a la contundencia de las acusaciones y la gravedad del choque institucional, los expertos legalistas advierten de que la denuncia se enfrenta a un listón jurídico muy alto en la Sala de lo Penal.
La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo dictó un auto de referencia en 2024 en el cual fijó la doctrina sobre la presunta prevaricación de los miembros del Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal estableció en aquel momento que para que exista este delito en la función de control constitucional, la resolución emitida no puede ser simplemente errónea o discutible, sino que debe resultar manifiestamente indefendible bajo cualquier método aceptable de interpretación jurídica. Dado que las sentencias del TC suelen contar con una fundamentación razonada —por muy polémica que sea en el plano político o judicial—, las querellas previas de similar naturaleza terminaron siendo inadmitidas.
Con esta denuncia, Hazte Oír exige que se recabe el testimonio íntegro de la sentencia, se certifiquen las posiciones del Pleno del TC y se dé traslado a la Fiscalía para depurar las responsabilidades penales de lo que califican como una intromisión sin precedentes en la soberanía del Tribunal Supremo.
