Sánchez y Puente en la remodelación de Chamartín
La sombra de la corrupción planea sobre una de las infraestructuras de transporte más críticas de España. La Fiscalía Europea (EPPO) ha activado una segunda investigación de urgencia por un presunto fraude masivo en el uso de los fondos comunitarios adjudicados para la renovación y mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
La gravedad de la situación no es solo financiera: estas pesquisas se han acelerado exponencialmente tras la tragedia ferroviaria del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), un choque de trenes que se cobró la vida de 69 personas e hirió a más de un centenar. La justicia comunitaria busca esclarecer si el dinero enviado desde Bruselas para actualizar sistemas obsoletos de seguridad vial terminó desviándose de forma fraudulenta.
Registro policial en Adif: En busca del destino de los millones
La operación judicial se ha desatado con fuerza. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, actuando bajo las órdenes directas de los fiscales europeos, han intervenido simultáneamente en las sedes de Adif Alta Velocidad en Madrid, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el propio Tribunal de Cuentas. El objetivo: incautar todos los contratos, facturas y expedientes de obra vinculados al tramo siniestrado.
La lupa de Bruselas está puesta sobre dos partidas multimillonarias específicas:
- 77,5 millones de euros: Adjudicados en 2021 para sustituir el sistema de señalización obsoleto LZB por el moderno estándar europeo ERTMS. El contrato expiraba a principios de este año, pero los sistemas de máxima seguridad no se encontraban plenamente operativos al momento del siniestro.
- 111,6 millones de euros: Desembolsados por la Comisión Europea a través de los fondos FEDER en junio de 2024 para la renovación integral de vías, raíles y traviesas en toda la línea.
Una preocupante concatenación de siniestros e irregularidades
No se trata de un caso aislado. El organismo europeo ya había abierto otra causa de oficio a principios de año, tras un descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) que causó 46 fallecidos en enero. En ese escenario, la UCO detectó que una vía se había roto 22 horas antes del accidente, levantando las primeras sospechas de negligencia y abandono presupuestario.
Para agravar el escenario institucional, se ha revelado un informe del Tribunal de Cuentas que advirtió con anterioridad a Adif sobre la falta de rigor y transparencia en la adjudicación de estas licitaciones financiadas por la Unión Europea, señalando que los sistemas internos de valoración puntuaban expedientes de manera «injustificada y arbitraria».
LÍNEA MADRID-SEVILLA: DOS INVESTIGACIONES ACTIVAS
MARZO: Tramo Adamuz (46 fallecidos) ► Foco: 111,6 millones € en renovación de vías
NOVIEMBRE: Tramo Urda (69 fallecidos) ► Foco: 77,5 millones € en sistemas de seguridad
Consecuencias políticas
La acumulación de catástrofes y la presión de los tribunales comunitarios ya han provocado un auténtico terremoto político en España. Las sospechas en la gestión de las infraestructuras forzaron esta misma semana la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, seguida inmediatamente por la renuncia del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.
Mientras los juzgados ordinarios en las localidades de Orgaz y Montoro investigan las posibles responsabilidades penales de los homicidios por imprudencia, la Fiscalía Europea avanza con su modelo de instrucción penal internacional. El propósito de la UE es blindar la integridad del erario europeo y constatar si los contratos de seguridad vial se gestionaron bajo un esquema de amaños, desvíos de capital y facturas falsas.
