El Tribunal Supremo rechaza el último recurso de Vox y confirma que los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Una decisión que deja en el aire importantes interrogantes sobre la ampliación del censo electoral, la seguridad jurídica y la responsabilidad política de quienes han impulsado esta polémica normativa.
La polémica sobre el voto de los beneficiarios de la conocida como «Ley de Nietos» suma un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles 18 de noviembre el recurso de reposición presentado por Vox y ha confirmado que los hijos e hijas de las personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante esta vía podrán participar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
La decisión afecta a un colectivo de aproximadamente 189.678 personas, una cifra que supera incluso la de los propios nacionalizados cuyo derecho al voto permanece suspendido cautelarmente por el mismo tribunal. La resolución, adoptada por mayoría en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, supone un nuevo revés para Vox, que pretendía extender a los descendientes la suspensión cautelar aplicada a sus progenitores. Pero más allá del resultado judicial, lo verdaderamente preocupante es el escenario político e institucional que se ha generado alrededor del censo electoral español.
Casi 190.000 nuevos electores en el centro de la controversia. Votantes que jamás vivieron en España ni la conocen.
Para entender la dimensión de esta decisión hay que remontarse a la Ley de Memoria Democrática de 2022, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta normativa abrió la puerta a que descendientes de españoles pudieran adquirir la nacionalidad española alegando determinados vínculos familiares con personas que abandonaron España durante la Guerra Civil y la dictadura. La aplicación de esta legislación provocó una importante ampliación del censo electoral de residentes en el extranjero.
El Tribunal Supremo ya había adoptado anteriormente una medida cautelar para impedir que determinados nacionalizados mediante esta vía pudieran votar mientras no se acreditasen las condiciones de exilio exigidas por la legislación.
Sin embargo, el tribunal decidió no extender esa suspensión a sus hijos, pese a que Vox e Iustitia Europa reclamaron que también quedasen excluidos cautelarmente del proceso electoral. Ahora, con el rechazo del último recurso de Vox, esa posibilidad queda descartada para las elecciones del 29-N. El argumento principal del Supremo es especialmente significativo: considera que, a estas alturas del calendario electoral, iniciar una revisión del censo de residentes en el extranjero podría comprometer la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.
Es decir, el tribunal entiende que la proximidad de las elecciones y las dificultades materiales para modificar el censo impiden adoptar ahora una medida de semejante alcance. Pero esta explicación deja una pregunta incómoda: ¿por qué se ha llegado a una situación en la que una controversia de semejante dimensión tiene que resolverse prácticamente con las elecciones encima?
La seguridad del proceso electoral no debería depender del calendario
La seguridad jurídica y la estabilidad electoral son principios fundamentales de cualquier democracia. Nadie debería cuestionarlos. Sin embargo, tampoco debería aceptarse que la proximidad de unas elecciones se convierta en un argumento para dejar sin examinar determinadas dudas sobre la regularidad de un censo electoral. La cuestión no es si los hijos de nacionalizados tienen simpatías políticas determinadas, ni mucho menos atribuirles una intención electoral colectiva. Cada ciudadano tiene derecho a ejercer su voto conforme a la ley.
La cuestión es otra: si los procedimientos de adquisición de la nacionalidad y posterior incorporación al censo se han aplicado correctamente, si se han respetado todos los requisitos legales y si las instituciones han garantizado que el cuerpo electoral está correctamente constituido.
Son preguntas legítimas que merecen respuestas documentadas, no descalificaciones políticas.
Resulta especialmente llamativo que el propio Supremo haya reconocido anteriormente la existencia de motivos suficientes para suspender cautelarmente el voto de determinados nacionalizados, precisamente por las dudas relacionadas con la ampliación extraordinaria del censo electoral exterior. Y, sin embargo, cuando se plantea extender esa cautela a un colectivo todavía mayor, la respuesta termina siendo que ya es demasiado tarde para intervenir.
La pregunta resulta inevitable: ¿se ha llegado tarde porque nadie advirtió el problema o porque las instituciones no actuaron con la diligencia necesaria?
Una cifra que obliga a exigir explicaciones
Los datos conocidos reflejan la magnitud de la controversia.
El colectivo de hijos de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática asciende a 189.678 personas, según los datos oficiales citados por el Tribunal Supremo en sus anteriores resoluciones. Por otro lado, la Abogacía del Estado ha cifrado en 113.326 los electores afectados por la suspensión cautelar del voto de determinados nacionalizados, tras depurar los datos del censo.
Estamos hablando, por tanto, de dos colectivos de enorme dimensión dentro de una controversia que afecta directamente a la composición del electorado exterior. Y hay otro elemento que no debería pasar inadvertido: el propio Supremo ha contado con un magistrado discrepante respecto a la decisión de no suspender el voto de los hijos, mientras que otro ha formulado un voto concurrente.
No existe, por tanto, unanimidad jurídica sobre esta cuestión.
Vox insiste, pero el problema exige algo más que recursos judiciales
La iniciativa de Vox ha conseguido situar en el debate público una cuestión que merece una investigación y una explicación institucional mucho más profundas. El rechazo de su último recurso supone un revés judicial, pero no significa que todas las dudas sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática hayan quedado resueltas.
Tampoco significa que el Supremo haya declarado que se haya cometido fraude electoral.
Lo que sí resulta evidente es que existe una controversia sobre la correcta aplicación de los requisitos legales para adquirir la nacionalidad, la incorporación de nuevos electores al censo y las consecuencias de esa ampliación en un proceso electoral concreto.
Y ante semejante escenario, los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia.
Vox podrá seguir utilizando las vías judiciales que considere oportunas, pero la cuestión ya no debería limitarse a una batalla entre partidos políticos. Las autoridades electorales, el Gobierno y los organismos responsables de los registros consulares deben ofrecer explicaciones claras y verificables.
El Gobierno de Sánchez tampoco puede eludir su responsabilidad
La responsabilidad política de esta situación no puede separarse de quienes aprobaron e impulsaron la normativa que ha originado la controversia. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió convertir la memoria histórica en uno de los pilares de su acción legislativa, aprobando una legislación que ha tenido consecuencias importantes en materia de nacionalidad.
El Ejecutivo tenía la obligación de garantizar que su aplicación se realizase con todas las garantías administrativas y electorales. No basta con defender que la ley es legítima. Tampoco basta con invocar el derecho a la nacionalidad de los descendientes de españoles. Cuando una normativa tiene consecuencias sobre la composición del censo electoral, la Administración debe extremar los controles y garantizar que todos los procedimientos se ajustan estrictamente a derecho.
Si el Supremo ha tenido que intervenir para suspender cautelarmente el voto de una parte de los nacionalizados, el Gobierno debería explicar por qué se ha llegado a semejante escenario y qué controles se aplicaron antes de incorporar a esas personas al censo.
La transparencia no puede ser una opción cuando está en juego la confianza de los ciudadanos en sus elecciones.