El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña informativa multilingüe dirigida a inmigrantes en «situación irregular» para recordarles que tienen derecho a recibir atención sanitaria completa y gratuita en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa institucional, promovida por el departamento que dirige Mónica García, la ministra que bailaba por los tejados para celebrar su bien remunerado nombramiento, ha supuesto un desembolso de 146.000 euros (IVA incluido) a través de la Plataforma de Contratación del Estado y busca divulgar el «marco normativo» derivado del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
La campaña explica de forma didáctica los trámites burocráticos simplificados para acceder al sistema público mediante una declaración responsable, que no es más que un cuento que quiera contar cada inmigrante ilegal al que se le da veracidad y validez oficial. El anuncio principal se ambienta en un bar donde varios clientes conversan sobre el acceso a la sanidad universal y recuerdan que esta se sufraga de manera colectiva mediante impuestos indirectos como el IVA, abonado también por quienes carecen de residencia legal.
Para asegurar que la información llegue a los destinatarios, las piezas de difusión (que incluyen cuñas de radio, spots televisivos, cartelería exterior y banners digitales) se han producido tanto en castellano (el español de toda la vida) y en otros idiomas el árabe, chino, rumano, francés e inglés. Sanidad insiste en que el objetivo prioritario consiste en «eliminar las trabas administrativas e informar sobre los métodos válidos para acreditar la residencia habitual en el país, tales como el empadronamiento, los informes de servicios sociales, las facturas de suministros o los certificados de escolarización».
Desde el plano técnico, el Ministerio de Sanidad defiende que la campaña no amplía derechos ni introduce modificaciones legislativas respecto a lo ya establecido. En realidad no sería necesario hacerlo, dado el ya alto nivel de beneficio para la inmigración y el deterioro de servicio para los españoles. Tras la reforma de 2012 del gobierno del cobarde Mariano Rajoy, que restringió temporalmente la cobertura de los adultos en situación irregular únicamente a las urgencias médicas, la aprobación del Real Decreto-Ley en 2018 bajo el Ejecutivo izquierdista de Pedro Sánchez restableció formalmente el acceso generalizado en «igualdad de condiciones» que la población nacional. La normativa actual agiliza la expedición de un documento provisional de cobertura mientras se tramitan las solicitudes en los centros sanitarios correspondientes. En esto la burocracia suele funcionar con más diligencia para asegurar así el clientelismo socialista entre los inmigrantes ilegales.
Hacia un mayor colapso de las listas de espera
La difusión institucional ha generado una intensa discusión social y política respecto a la gestión y asignación de los recursos públicos:
- Críticas de la oposición y sectores médicos: Diversos sectores de la oposición parlamentaria y profesionales del ámbito sanitario han tildado la campaña de «electoralista» e inconveniente, al considerar que puede incentivar el «turismo sanitario». Asimismo, se ha denunciado que la promoción de un mayor uso de los recursos asistenciales incrementa la presión sobre unas urgencias y unos centros de atención primaria aquejados de un colapso crónico y con amplias listas de espera.
- Postura del Ministerio de Sanidad: La cartera ministerial justifica la inversión alegando que la universalidad de la salud pública ejerce un «beneficio colectivo para la salud de toda la sociedad». Argumentan que es fundamental instruir a los usuarios y al propio personal administrativo de los centros sanitarios para erradicar la exclusión médica y garantizar una correcta aplicación de los protocolos administrativos en vigor. En realidad, lo que se oculta tras semejante buenismo es potenciar el efecto llamada que durante décadas ha favorecido y favorece la ejecución del plan Kalergi de sustitución poblacional en Europa.
