El escándalo del hermano de Pedro Sánchez vuelve a poner al PSOE contra las cuerdas. El Tribunal de Cuentas ha decidido continuar investigando los más de 340.000 euros que David Sánchez habría cobrado durante su etapa en la Diputación de Badajoz.
Su contratación y las circunstancias que rodearon su puesto de trabajo terminaron en una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque la sentencia no es firme.
Ahora se abre otro frente: determinar si los salarios abonados durante aquellos años ocasionaron un perjuicio a las arcas públicas y si procede exigir la devolución del dinero. O en lenguaje de calle, decidir qué se hace respecto al dinero de los contribuyentes cobrado por el corrupto hermano del corrupto a cambio de nada y ganado sin mérito alguno.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que una administración pública mantenga durante años una situación laboral que ha terminado siendo objeto de una condena judicial?
La Diputación de Badajoz, siguiendo las órdenes del PSOE, solicitó el archivo de las actuaciones, pero el Tribunal de Cuentas considera que existen motivos para seguir investigando.
No estamos hablando de dinero privado, sino de recursos procedentes de los impuestos de millones de españoles. Dinero que debería destinarse a mejorar los servicios públicos, no a financiar puestos de trabajo rodeados de sospechas de favoritismo. El PSOE llegó al poder prometiendo regeneración democrática, transparencia y tolerancia cero con la corrupción (bien es cierto que quienes confiaron en semejantes promesas fueron, coo mínimo, muy ingénuos. Sin embargo, los escándalos que afectan a su entorno político y las investigaciones sobre determinadas contrataciones públicas han demostrado una vez más que ni el actual presidente ni su partido tenían absolutamente ninguna credibilidad.
Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política evidente: explicar qué conocía de esta contratación y por qué los ciudadanos deben confiar en que las instituciones gobernadas por su partido actúan siempre pensando en el interés general. La cuestión tampoco puede despacharse como una simple persecución política. Los tribunales están para investigar, determinar responsabilidades y aplicar la ley, sin importar el apellido de los implicados.
Si finalmente el Tribunal de Cuentas le hecha agallas y sentencia que existió perjuicio económico para las arcas públicas, deberá reclamarse hasta el último euro y exigirse responsabilidades a quienes corresponda.