«La fuerza del Amor», «La Fuerza de la gente», «No dejamos a nadie atrás», «Adelante. España avanza», «Haz que pase», «Ahora sí», «La España que quieres»…
El PSOE siempre ha demostrado una extraña y dudosa creatividad para inundar sus campañas electorales con slogans absurdos dirigidos a un electorado de deficientes mentales, parásitos improductivos y funcionariado ideológicamente cautivo por un sueldo público. Todos ellos acompañados por los habituales pucherazos de los que los socialistas son sospechosos habituales, con el silencio consentido (al menos hasta ahora) de PP y Vox, que nunca apoyaron a los expertos que avisaban de la realidad de ciertas irregularidades en los diferentes procesos electorales.
Frases, propaganda y disonancia cognitiva que acompaña a una buena parte del pueblo español que se niega a reconocer en cada jornada electoral que España empeora a pasos agigantados desde el 11M de 2004 y que la ruina ya ha invadido demasiados hogares y empresas bajo la mano negra de un obediente Pedro Sánchez que no duda en seguir las instrucciones de sus dueños globalistas para empeorar cada uno de los aspectos de la vida de nuestra nación.
Nuestra economía no es ajena a esta tragedia. Los estragos provocados por el mismo poder invisible que gobierna a los gobernantes son más evidentes que nunca pero, aún así, hay muchos votantes dispuestos a mostrar en las inútiles urnas que se sienten satisfechos con lo que hacen «los suyos», aunque esos mismos votantes sean parte perjudicada en el desastre económico que vivimos.
España es la economía de la Unión Europea donde más ha aumentado la presión fiscal desde el estallido de la plandemia. Un informe emitido por la Comisión Europea ratifica que nuestro país lidera la subida de los gravámenes en la última década, ganando una velocidad alarmante a partir de 2020. Mientras que las familias sufren los estragos de la inflación sin el ajuste de los tramos del impuesto sobre la renta, los autónomos y las empresas afrontan una pérdida severa de competitividad frente al resto de los socios comunitarios.
El peso de la recaudación tributaria en el Producto Interior Bruto (PIB) ha escalado de manera ininterrumpida: si en 2018 representaba el 37,1%, las proyecciones presupuestarias prevén que alcance el 38,3% del PIB, impulsado por reformas normativas, nuevos impuestos y la recaudación indirecta derivada del alza de precios.
Impacto de la inflación en las familias
La cuña fiscal laboral en España ha crecido desde el inicio de la crisis sanitaria, pasando del 39,8% al 41,4%, lo que sitúa al país en puestos más elevados a nivel internacional en gravamen de nóminas. La falta de actualización de los tramos del IRPF ante la inflación ha provocado que mayores ingresos nominales deriven en un pago superior de impuestos sin ganancias reales de poder adquisitivo. Además, el esfuerzo fiscal de los hogares supera en un 16,5% a la media de la Unión Europea.
Autónomos y empresas: presión y competitividad
Los trabajadores autónomos enfrentan un tipo efectivo superior al de las pymes, lo que genera asimetrías y problemas de márgenes operativos. Por su parte, la recaudación empresarial y los gravámenes sobre sociedades se han incrementado notablemente mediante nuevas figuras impositivas (tasas digitales, energéticas o medioambientales), situando la presión fiscal corporativa por encima de la media de la UE.
En resumen, el modelo fiscal posterior a la pandemia ha priorizado la recaudación, situando a España entre los países con mayor carga tributaria y peor diseño según indicadores de la OCDE, lo que reduce la renta disponible de los hogares y debilita la competitividad de empresas y autónomos. El gobierno del infame Pedro Sánchez sigue así las directrices marcadas por las élites supra nacionales para imponer una estrategia ya apenas disimulada de empobrecimiento paulatino de la población como uno de los pasos previos a la instauración efectiva de un nuevo orden mundial gobernado por esas mismas élites.