El Partido Popular (PP) y Vox han acusado públicamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de intentar amedrentar a Beatriz Biedma, la juez de Badajoz que instruyó el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El escándalo fuerza tras conocerse que la magistrada ha solicitado personarse como acusación particular y perjudicada ante la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación sobre una supuesta estructura paralela o «cloaca» vinculada al partido socialista, de larga tradición criminal desde su fundación.
Los indicios y la denuncia de la magistrada
De acuerdo con los escritos remitidos a la Audiencia Nacional y las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación, la defensa de la juez Beatriz Biedma sostiene que existió una estrategia para apartarla o desestabilizarla de la causa penal que afectaba al hermano de Pedro Sánchez.
- Contactos con el narcotráfico: La denuncia apunta a que personas presuntamente vinculadas a una red dirigida por la exdirigente socialista Leire Díez contactaron con un clan de narcotraficantes local asentado en Badajoz (identificado en las investigaciones como ‘Los Rochos’) para hostigar o asustar a la magistrada. Según fuentes jurídicas, los emisarios del clan delictivo se habrían negado a realizar cualquier acción en su contra.
- Anotaciones incautadas: En las agendas intervenidas por las autoridades a Leire Díez se encontraron referencias explícitas a la juez de Badajoz junto a términos relacionados con el narcotráfico («Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano»), lo que la defensa de Biedma interpreta como un plan desesperado que puso en riesgo su integridad física y reputación.
- Vigilancia y seguimientos: Se alega asimismo que la juez fue objeto de seguimientos ilegales y que se realizaron preguntas a personas de su entorno cotidiano para intentar recabar información comprometedora.
Reacciones políticas y judiciales
El caso ha provocado un intenso cruce de reproches en el Congreso de los Diputados y en el ámbito de la judicatura: [3, 9]
- Oposición (PP y Vox): Portavoces parlamentarias de ambas formaciones han protestado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificando los hechos de «prácticas mafiosas» y acusando al PSOE de cruzar líneas rojas al pretender amedrentar a miembros del poder judicial empleando supuestos vínculos criminales. Vox ha presentado formalmente una querella contra los supuestos implicados de la trama por delitos de atentado contra la autoridad, coacciones y organización criminal.
- Gobierno y PSOE: Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado de forma tajante estas acusaciones, catalogándolas de «infundios». Desde el entorno del Gobierno se defiende que el proceso judicial contra David Sánchez se desarrolló con absoluta normalidad y plenas garantías, desvinculando por completo a la dirección del partido de cualquier tipo de red de extorsión o espionaje, como suele ser habitual en cada escándalo que salpica a los corruptos socialistas.
- Asociaciones Judiciales: Diversas asociaciones de jueces de Extremadura emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación ante lo que consideran una grave amenaza al Estado de derecho y al principio de independencia judicial, reclamando que se esclarezcan los hechos con la mayor celeridad.
Situación procesal actual
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, se encuentra instruyendo la causa relativa a esta presunta red de financiación y espionaje paralela. Se prevé que la Fiscalía Anticorrupción apoye formalmente la solicitud de Beatriz Biedma para ser tratada como víctima y perjudicada directa en el procedimiento, lo que le otorgará la capacidad de solicitar nuevas diligencias de investigación criminal para esclarecer el alcance real de las supuestas presiones.
