La investigación en torno al denominado «caso Leire Díez», dirigido por el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, ha sumado un nuevo e impactante capítulo tras las recientes revelaciones y testimonios que apuntan a presuntas maniobras destinadas a apartar u hostigar a la magistrada Beatriz Biedma. Biedma fue la encargada de instruir el procedimiento penal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el cual concluyó con una condena de inhabilitación dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz.
El testimonio de ‘Los Rocho’ y las supuestas ofertas fiscales
Según informaciones publicadas por el diario El Debate, un antiguo integrante del conocido clan de narcotraficantes de Badajoz, «Los Rocho», identificado bajo el alias de «Moto Ratón», ha asegurado que emisarios vinculados a las denominadas «cloacas del PSOE» contactaron con la organización criminal en la primavera de 2025. Conforme a este testimonio, se les habría ofrecido archivar sus causas penales pendientes y otorgarles ventajas ante la Hacienda Pública si accedían a «eliminar» o «dar un sustillo» a la juez Biedma para apartarla del caso. De acuerdo con la interpretación del testigo, el término «eliminar» conllevaba la intención explícita de acabar con la vida de la magistrada.
Por su parte, la líder actual del clan, Cintia Rocho, declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haber recibido información de carácter privado sobre la magistrada —como imágenes en su gimnasio y la dirección de su domicilio— por parte de un exmagistrado y un abogado. No obstante, Rocho ha sostenido ante los agentes que rechazó cualquier propuesta de actuación o intimidación en contra de la juez.
El nexo con el exjuez Sáenz de Tejada y el empresario Joaquín Parra
Los informes e indicios recabados por la UCO y trasladados a la causa señalan como presunto intermediario principal en Extremadura al exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien fue expulsado de la carrera judicial en 2022 y manejaba un canal de YouTube dedicado a difundir campañas de descrédito contra Biedma. Supuestamente, estas maniobras habrían sido coordinadas a instancias de la exmilitante socialista Leire Díez.
En paralelo, el empresario Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, ha comparecido como testigo ante el juez Pedraz. Parra manifestó que colaboradores de la trama también le contactaron con el fin de obtener información comprometedora de la magistrada a cambio de mediar con la Fiscalía para solucionar sus problemas legales. Casos que finalmente no se detuvieron, dado que la Audiencia Provincial de Málaga lo ha condenado a 10 años de prisión y a una multa millonaria por un fraude continuado del IVA en gasolineras.
Situación actual del procedimiento penal
La juez Beatriz Biedma, quien denunció formalmente el presunto espionaje y hostigamiento, se encuentra personada como perjudicada en la causa penal de la Audiencia Nacional. No obstante, los criterios judiciales de cara a la instrucción presentan matices:
- Posición del Juez Pedraz: El magistrado instructor ha aceptado la personación de Biedma limitando los indicios criminales, por el momento, a un posible delito de calumnias y descartando investigar de forma autónoma cada anotación de la agenda de Leire Díez en relación con los clanes.
- Posición de la Fiscalía: La Fiscalía Anticorrupción coincide en limitar el alcance de la acusación particular de la juez a las calumnias e injurias hacia su honor, argumentando que las tesis de la organización criminal afectan a bienes jurídicos de índole supraindividual y colectiva.
Los presuntos contactos con redes delictivas e intentos de coacción de carácter institucional continúan siendo investigados.