La polémica de la llamada Ley de Nietos vuelve a colocar al Gobierno de Pedro Sánchez ante una cuestión fundamental: o el respeto a las decisiones judiciales y los límites del poder político, o el atentado permanente a la legalidad como parte de la identidad esencial y tradicional del PSOE
El Ministerio de Exteriores ordenó a los consulados tramitar certificaciones de nacionalidad y descendencia del exilio para determinar quiénes podían conservar el derecho al voto. Una decisión que debe examinarse a la luz de las resoluciones del Tribunal Supremo.
El 20 de noviembre, el Alto Tribunal fue todavía más explícito: 163.355 personas no podrían votar en las elecciones del 29 de noviembre, salvo quienes acreditasen las condiciones exigidas por la propia resolución judicial. El Gobierno no puede interpretar las resoluciones judiciales a su conveniencia. Tampoco puede convertir una discrepancia política en una batalla institucional permanente.
El artículo muy pormenorizado de The Objetive, muy recomendable.