El Alto Tribunal exige a Interior que acredite los controles de seguridad de los 61.603 dispositivos destinados a verificar la identidad de los votantes. La decisión llega a solo doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre y reabre el debate sobre la fiabilidad de introducir el DNI digital en los colegios electorales.
El Tribunal Supremo ha puesto bajo examen la seguridad del sistema de identificación mediante DNI digital que el Gobierno pretende utilizar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido al Ministerio del Interior un plazo de apenas dos días para certificar si los 61.603 dispositivos electrónicos contratados para verificar la identidad de los electores han superado los controles de seguridad exigidos por la legislación.
La resolución judicial, conocida este martes 17 de noviembre, supone un importante contratiempo para el Ejecutivo, que había defendido la utilización de la aplicación MiDNI como una alternativa válida al documento físico para identificarse ante las mesas electorales.
El requerimiento del Supremo no es un detalle administrativo menor. Los magistrados quieren que Interior acredite, bajo su responsabilidad, que se han realizado las verificaciones de seguridad correspondientes y que aporte la documentación técnica que demuestre que esos controles se han llevado a cabo.
La pregunta resulta inevitable: ¿por qué, a tan pocos días de unas elecciones generales, todavía es necesario que el Gobierno demuestre ante el Tribunal Supremo que los dispositivos que utilizarán miles de mesas electorales cumplen las condiciones de seguridad exigibles?
61.603 dispositivos cuya seguridad debe acreditar Interior
El Gobierno ha contratado el alquiler de 61.603 dispositivos electrónicos destinados a comprobar los códigos QR temporales generados por la aplicación MiDNI.
El contrato, adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad mediante un procedimiento de emergencia, asciende a 7.000.455 euros.
El objetivo es que los ciudadanos puedan presentar su DNI digital desde el teléfono móvil y que los miembros de las mesas electorales comprueben su autenticidad mediante estos dispositivos.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre garantizar que una aplicación genera un código QR auténtico y garantizar que todos los terminales utilizados para verificarlo funcionan correctamente, están protegidos y no presentan vulnerabilidades.
Precisamente ahí se encuentra una de las cuestiones que el Supremo quiere aclarar.
No basta con afirmar que el sistema funciona. Es necesario demostrar que los equipos concretos que llegarán a los colegios electorales han sido sometidos a los controles correspondientes y que existen garantías técnicas verificables.
Las vulnerabilidades que preocupan en un proceso electoral
La utilización de sistemas digitales para identificar a los votantes introduce riesgos tecnológicos que deben analizarse con especial rigor.
Entre los aspectos que requieren una comprobación exhaustiva destacan:
1. La integridad de los dispositivos.
Los terminales utilizados para leer los códigos QR deben estar correctamente configurados, protegidos frente a manipulaciones y libres de modificaciones no autorizadas. Un dispositivo comprometido podría dejar de ofrecer garantías sobre la información que presenta a los miembros de la mesa.
2. La autenticidad de la verificación.
Es imprescindible garantizar que el código QR presentado corresponde realmente al ciudadano que pretende votar y que el resultado de su comprobación no puede ser manipulado o falsificado.
3. La trazabilidad y el control de los equipos.
Debe existir documentación que permita conocer qué dispositivos han sido examinados, qué pruebas se han realizado y si los terminales que finalmente se distribuirán son exactamente los mismos que han superado los controles.
4. La protección de los datos personales.
La identificación digital implica el tratamiento de información personal. Es necesario conocer qué datos se procesan, cómo se transmiten y qué medidas impiden accesos indebidos o tratamientos no autorizados.
5. La disponibilidad del sistema.
Un fallo técnico, un problema de conectividad o una avería en los dispositivos podría dificultar la identificación de los electores y provocar incidencias en las mesas. Deben existir procedimientos alternativos que permitan continuar el proceso electoral sin depender exclusivamente de la tecnología.
Ninguno de estos riesgos demuestra por sí mismo que se vaya a producir fraude electoral. Pero todos justifican que las garantías se acrediten antes de introducir una tecnología nueva en un procedimiento tan sensible como unas elecciones generales.
El precedente de las dudas de la Junta Electoral Central
La polémica no surge de la nada.
La Junta Electoral Central había suspendido inicialmente, el 18 de septiembre, la posibilidad de utilizar el DNI digital para identificarse en las mesas electorales.
Posteriormente, el 5 de noviembre, autorizó de nuevo su utilización después de recibir información del Ministerio del Interior sobre el procedimiento de comprobación mediante códigos QR temporales y los dispositivos que se facilitarían a las mesas.
La decisión fue recurrida por Iustitia Europa, que solicitó medidas cautelares ante el Tribunal Supremo.
Ahora, el Alto Tribunal exige documentación adicional sobre la seguridad de los terminales.
El movimiento judicial resulta especialmente significativo porque obliga al Ejecutivo a respaldar sus afirmaciones con pruebas técnicas, y no únicamente con explicaciones sobre el funcionamiento previsto del sistema.
Identificarse digitalmente no es lo mismo que votar electrónicamente, pero las garantías deben ser máximas
Conviene aclarar una cuestión: el DNI digital no sustituye a las papeletas ni convierte el proceso electoral en una votación electrónica. El voto continúa realizándose mediante el procedimiento tradicional.
Sin embargo, la identificación del elector constituye una parte esencial de la cadena de garantías electorales.
El sistema debe impedir que una persona se identifique fraudulentamente en nombre de otra, que se acepten credenciales manipuladas o que un fallo en la verificación provoque una identificación incorrecta.
También debe garantizarse que el procedimiento de identificación no permita que una misma persona vote más de una vez.
La introducción de nuevos mecanismos tecnológicos exige, por tanto, una evaluación independiente y suficientemente documentada. La confianza de los ciudadanos en las elecciones no puede depender de simples promesas de seguridad.
El Gobierno debe despejar las dudas antes de las elecciones, más aún en el actual ambiente de fundadas sospechas ante la posibilidad de pucherazo, vistos los antecedentes de anteriores elecciones
El requerimiento del Supremo plantea una cuestión política e institucional de primer orden: ¿ha dispuesto el Ministerio del Interior del tiempo suficiente para verificar adecuadamente más de 61.000 dispositivos que deben distribuirse por todo el territorio nacional?
Y, sobre todo, ¿puede garantizar que todos ellos cumplen los requisitos de seguridad establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad?
El Gobierno tiene ahora dos días para responder y aportar las pruebas técnicas que reclama el tribunal.
La prudencia debería imponerse sobre cualquier consideración política. Si los controles se han realizado correctamente, Interior tendrá que demostrarlo con documentación verificable. Si no puede acreditarlo, deberá explicar por qué se pretende utilizar un sistema cuyas garantías todavía están siendo cuestionadas judicialmente.
En unas elecciones generales no basta con que el procedimiento sea legal sobre el papel. También debe ser seguro, transparente, verificable y resistente a cualquier intento de manipulación. La confianza en las urnas es uno de los pilares de cualquier democracia. Y esa confianza no se exige a los ciudadanos: se gana demostrando que cada una de las garantías electorales funciona sin fisuras.