La última conclusión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según la cual no existen evidencias suficientes para afirmar que las autoridades marroquíes organizaran o coordinaran la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha proporcionado al Gobierno de Pedro Sánchez el argumento que necesitaba. Una conclusión que, presentada de determinada manera, puede servir para respaldar el relato oficial y quitar presión política a un Ejecutivo que debería ser el primero en exigir explicaciones sobre lo sucedido.
Pero conviene no confundir dos cosas muy diferentes: que los servicios de inteligencia no hayan podido demostrar que Marruecos organizó directamente aquella operación y que Marruecos no tuviera ninguna responsabilidad en lo ocurrido.
El propio informe del CNI reconoce que las autoridades marroquíes conocían las convocatorias que animaban a miles de personas a cruzar la frontera. Es más, el servicio secreto español había advertido a sus homólogos marroquíes de la magnitud de lo que podía suceder. Por tanto, Rabat sabía lo que se estaba preparando y tenía conocimiento de la amenaza que se cernía sobre la frontera española. Entonces, como mínimo, el gobierno marroquí no frenó la invasión porque le convenía a sus intereses en cuando a crear caos en Ceuta y probar la capacidad de reacción de España y la fidelidad de Pedro Sánchez hacia Mohamed VI.
Y aquí aparece la pregunta fundamental: ¿cómo es posible que un país que conoce anticipadamente una movilización de semejantes dimensiones no sea capaz de impedirla o contenerla?
El CNI sostiene que no ha encontrado pruebas de una planificación estatal marroquí. Sin embargo, también reconoce que las decisiones adoptadas por las autoridades del país vecino tuvieron como consecuencia que miles de personas pudieran entrar en Ceuta sin encontrar una oposición eficaz. Una circunstancia especialmente grave si tenemos en cuenta que Marruecos dispone de fuerzas policiales, militares y medios suficientes para controlar su territorio cuando existe verdadera voluntad de hacerlo.
La ausencia de pruebas concluyentes sobre una operación organizada desde las más altas instancias marroquíes no convierte automáticamente a Rabat en un espectador inocente. Tampoco elimina la responsabilidad política de unas autoridades que, conociendo la situación, no evitaron que se produjera una crisis de semejante magnitud.
Hay otro aspecto especialmente preocupante: las discrepancias entre los propios organismos españoles. Mientras el CNI no encuentra vínculos demostrables entre las autoridades marroquíes y la organización de la entrada masiva, los informes policiales apuntan a la posible participación de agentes marroquíes en los movimientos de personas hacia la frontera. La Guardia Civil, por su parte, cuestiona que la información recibida permitiera anticipar adecuadamente la dimensión de la crisis.
¿Quién tiene razón? ¿Por qué existen interpretaciones tan diferentes sobre unos acontecimientos que afectaron directamente a la seguridad de una ciudad española?
Lo verdaderamente preocupante es que, en lugar de ofrecer una explicación política clara y convincente, el Gobierno parece dispuesto a refugiarse en una interpretación favorable de las conclusiones del CNI.
Y es aquí donde la figura de Pedro Sánchez vuelve a quedar en el centro del debate.
La política exterior española hacia Marruecos ha estado marcada durante los últimos años por decisiones controvertidas y por una evidente voluntad de evitar cualquier enfrentamiento con Rabat. La cuestión del Sáhara Occidental y el cambio de posición del Gobierno español en 2022 son un ejemplo suficientemente ilustrativo de hasta qué punto las relaciones con Marruecos se han convertido en un asunto extremadamente delicado para Moncloa. Un asunto coincidente en el tiempo con el hackeo del teléfono móvil de Pedro Sánchez, entre otros, y que le colocaría en una posición de coacción por parte de los servicios secretos marroquíes y Mohamed VI
En ese contexto, cualquier conclusión que permita descartar una responsabilidad directa del Gobierno marroquí resulta políticamente cómoda para Sánchez. Pero la comodidad política no debería sustituir a la transparencia ni a la defensa de los intereses nacionales.
No se trata de acusar sin pruebas a Marruecos de haber organizado una operación que el CNI no ha podido acreditar. Se trata de exigir que se expliquen todas las circunstancias, que se investiguen las posibles responsabilidades y que se aclare por qué un país vecino, plenamente consciente de lo que podía suceder, permitió que la frontera española se convirtiera en escenario de una entrada masiva de personas. En una invasión.
Ceuta no es una ficha en el tablero diplomático de Moncloa. Es territorio español. Sus ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué información manejaba el Gobierno, qué advertencias recibió y qué medidas adoptó para proteger la frontera.
Porque hay una diferencia enorme entre demostrar que Marruecos organizó aquella entrada masiva y reconocer que su pasividad contribuyó decisivamente a que se produjera.
Y, sobre todo, hay una diferencia todavía mayor entre que el CNI no encuentre pruebas suficientes para atribuir una operación al Estado marroquí y que el Gobierno pretenda convertir esa falta de pruebas en una especie de certificado de inocencia política.
La soberanía nacional no puede depender de la interpretación más conveniente de un informe de inteligencia. Y la responsabilidad de un Gobierno no desaparece porque sus servicios secretos no hayan conseguido demostrar quién estaba detrás de una crisis fronteriza.
Ceuta merece respuestas, no excusas. Y España necesita un Gobierno que anteponga la defensa de sus fronteras y sus intereses nacionales a la conveniencia de mantener unas relaciones diplomáticas sin sobresaltos con Marruecos.