¿Defensa legal a cambio de exclusivas?
Dos Mil Palabras S.L., empresa editora del periódico digital OkDiario, sufragó con un total de 242.000 euros (IVA incluido) los gastos de los procesos legales de Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes. La documentación, consistente en dos facturas y sus respectivos justificantes de transferencia bancaria, fue remitida a la Audiencia Nacional por la propia abogada de García, Leticia de la Hoz.
El movimiento busca desmontar las acusaciones que vinculaban la defensa del exasesor con fondos del Partido Socialista. Sin embargo, la revelación abre nuevos frentes sobre los límites de la colaboración periodística y el interés corporativo detrás del caso judicial más asfixiante para el Ejecutivo.
El origen de las facturas: Fechas clave y coincidencia mediática
La entrega de los documentos responde a un requerimiento formal del magistrado Santiago Pedraz, instructor del denominado caso Leire. Hasta el momento, la letrada se había amparado en el secreto profesional para no desvelar la identidad del pagador de sus servicios, pero la presión judicial sobre su propia imputación la obligó a aportar la contabilidad ante el tribunal.
Las transferencias se articularon a través de la consultora IDBO Consultants SLU bajo el concepto de «honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos» de Koldo García
- Primera factura (27 de noviembre de 2025): Emitida por valor de 150.000 euros más IVA (181.500 euros en total). El pago coincide exactamente con el día en que se decretó el ingreso en prisión provisional de Koldo García y apenas 24 horas después de que OkDiario publicara una entrevista exclusiva donde García y José Luis Ábalos arremetían contra el entorno del presidente del Gobierno.
- Segunda factura (23 de enero de 2026): Girada bajo el mismo concepto por un importe de 50.000 euros más IVA (60.500 euros en total), semanas antes de que arrancara el juicio formal en el Tribunal Supremo, proceso que concluyó con la condena de García a 19 años de prisión por el caso mascarillas.
El contraataque de OkDiario: Un contrato por derechos de autor
Tras la filtración de la documentación contable a los medios de comunicación, la dirección de OkDiario reaccionó haciendo público el documento contractual que dio origen a dichos movimientos bancarios. Según la versión de la editora dirigida por Eduardo Inda, las transferencias no constituyen un pago encubierto de defensa jurídica, sino el abono de una contraprestación por los derechos de realización de un libro y una futura docuserie sobre las vivencias de Koldo García en el Ministerio de Transportes.
La empresa sostiene que el contrato imponía al exasesor la obligación estricta de respaldar con pruebas documentales y audiovisuales todas las declaraciones que concediera al diario, asumiendo él mismo la responsabilidad legal de la veracidad de la información aportada. Para el periódico digital, los fondos son las «garantías propias de una colaboración periodística de investigación» y acusan al resto de medios de tergiversar la información procesal.
El encaje de la filtración en el ‘Caso Leire’
La revelación de estos abonos altera sustancialmente el tablero de la investigación en la Audiencia Nacional. Leticia de la Hoz figura como investigada en una pieza separada que rastrea una presunta trama criminal destinada a desestabilizar y neutralizar causas judiciales que pudieran erosionar al Gobierno o al PSOE. En concreto, la UCO sospechaba que De la Hoz intentó ofrecer un soborno de 50.000 euros a una empresaria para que se retractara de sus declaraciones sobre entregas de dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.
Bajo la hipótesis policial previa, los investigadores barajaban que el PSOE asumía en la sombra la minuta de la letrada de Koldo García para garantizar el silencio o la modulación de su testimonio en los tribunales. Con el escrito presentado, la defensa alega de forma tajante que «el PSOE no hizo abono alguno», trasladando el foco del origen del dinero al ecosistema de los medios de comunicación privados.
El caso vuelve a situar el foco sobre el uso de recursos económicos ajenos al entorno familiar de los encausados en tramas de corrupción pública, desdibujando la línea divisoria entre el ejercicio periodístico de adquisición de exclusivas y la intervención directa en la financiación logística de los acusados.
