El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado formalmente al exjuez Luis José Sáenz de Tejada por su presunta implicación en una campaña de acoso, espionaje e intimidación contra la juez de Badajoz Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso penal contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez.
Pedraz cerca a las ‘cloacas’ imputado al exjuez que contactó con un clan de narcos para «eliminar» a la juez Biedma.
La investigación sobre las presuntas cloacas vinculadas a la «trama Leire» ha dado un paso definitivo en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia este 13 de octubre de 2026 por la que cita como investigado (imputado) al exjuez Luis José Sáenz de Tejada. La decisión judicial llega tras la contundente declaración como perjudicada de la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, quien denunció un plan coordinado para neutralizarla y apartarla de la causa judicial que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
A Sáenz de Tejada se le atribuyen delitos graves de organización criminal, coacciones, calumnias y contra la integridad moral, fijándose su declaración para el próximo 28 de octubre.
«Un puto grano en el culo»: El encargo al clan de ‘Los Rocho’
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los testimonios recabados, la trama criminal —coordinada presuntamente por la exfontanera del PSOE Leire Díez— recurrió a Sáenz de Tejada debido a su abierta hostilidad pública hacia los juzgados de Badajoz. El exjuez, que fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado a prisión por maltrato psicológico a su expareja (también magistrada en esa localidad), mantenía una campaña digital de desprestigio contra la judicatura extremeña.
La investigación penal apunta a que Sáenz de Tejada actuó como enlace con ‘Los Rocho’, un peligroso clan de narcotraficantes afincado en Badajoz. De acuerdo con las declaraciones de una de las integrantes del clan conocida como ‘la Celsa’, el exjuez les transmitió de forma explícita que la magistrada Biedma era «un puto grano en el culo» y que «había que eliminarla». Aunque en posteriores matizaciones ante la UCO se descartó de manera formal que el término implicara un atentado físico directo contra su vida, las pesquisas de la Guardia Civil confirman que el propósito del grupo operativo era amedrentarla y asustarla mediante «trabajo de campo» para que abandonara el procedimiento judicial.
Espionaje a las puertas del colegio y asfixia institucional
Los métodos utilizados por la red delictiva, descritos por la UCO como propios de una estructura mafiosa con operaciones centralizadas en un piso franco de Madrid, incluyeron un hostigamiento sistemático hacia el entorno más íntimo de la magistrada. Biedma relató que personas vinculadas a la trama llegaron a desplegar seguimientos y se personaron en el colegio de sus hijos haciéndose pasar falsamente por su hermano o por su secretario personal para monitorizar sus rutinas y horarios de manera ilegal.
En paralelo a la intimidación a pie de calle, Sáenz de Tejada orquestó una estrategia de estrangulamiento jurídico. El imputado llegó a publicar más de 99 vídeos difamatorios en YouTube —tildando a la juez de «violadora de derechos fundamentales» o «cínica»— e interpuso denuncias falsas contra ella ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin directo de forzar su recusación. Una de estas denuncias se registró de forma milimétrica el mismo día en que el hermano del presidente del Gobierno resultó formalmente imputado.
A raíz de la petición formalizada por la defensa de Beatriz Biedma, el juez Pedraz no solo ha acorralado a Sáenz de Tejada. También ha solicitado la remisión íntegra de la treintena de quejas cruzadas en el CGPJ y ha aceptado tomar declaración en calidad de testigos a miembros clave de la organización delictiva, entre ellos a Cintia Rocho, para reconstruir paso a paso el alcance real de las directrices emanadas desde las presuntas estructuras parapoliciales que intentaron torcer el brazo de la justicia en Badajoz.
