La Cámara de Senadores de Bolivia mantiene bajo la lupa al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación de una comisión especial encargada de indagar sus presuntas gestiones de influencia ilícitas en el país andino.
El caso, que ha escalado a nivel judicial con la apertura de causas preliminares por parte de las fiscalías bolivianas de Crimen Organizado y Derechos Humanos, amenaza con tensar las relaciones bilaterales entre Madrid y La Paz.
El origen del caso: 200.000 euros bajo sospecha
La polémica estalló tras conocerse un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española. Según las pesquisas iniciales, Rodríguez Zapatero habría percibido una contraprestación económica de 200.000 euros fraccionada entre 2024 y 2025.
El objetivo de dicho pago, presuntamente efectuado por el conglomerado peruano Grupo Gloria, habría sido conseguir la intermediación política y judicial del exmandatario español ante la administración del entonces presidente boliviano Luis Arce. Se sospecha que Zapatero medió para favorecer los intereses de la empresa en un multimillonario litigio civil por daños y perjuicios que enfrentaba a las firmas cementeras Fancesa y Soboce, evitando así una penalización de gran envergadura.
La reacción del Legislativo boliviano
Atendiendo a la solicitud formal de agrupaciones políticas como Alianza Libre, el Senado boliviano dio luz verde a la creación de una Comisión Especial de Investigación. Este órgano parlamentario está conformado por seis legisladores representantes de las distintas fuerzas políticas de la cámara alta.
La estrategia de los senadores bolivianos apunta a una fiscalización exhaustiva. Parlamentarios de la oposición han advertido que la investigación no se limitará únicamente al conflicto cementero reciente, sino que pretenden extender la lupa regulatoria hacia atrás. «Analizaremos desde el día uno de su mandato», señalaron voces legislativas en referencia a los lazos históricos de Zapatero con líderes del Movimiento al Socialismo (MAS) como Evo Morales. En este sentido, no se descarta que la comisión aborde otros incidentes diplomáticos del pasado, como el confuso altercado de 2019 que involucró a diplomáticos y agentes policiales españoles en la embajada de México en La Paz.
Cooperación e implicaciones judiciales
La presión sobre el expresidente español no se detiene en los pasillos del Parlamento. A finales de septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado boliviano confirmó de forma oficial que existen dos investigaciones de carácter preliminar en curso por la presunta comisión de delitos conexos al tráfico de influencias.
Para dotar de mayor solidez a las pesquisas, la comisión del Senado boliviano evalúa mecanismos de coordinación internacional con legisladores de España. El propósito es cruzar agendas oficiales, declaraciones patrimoniales e información bancaria que permitan verificar si los 200.000 euros detectados se corresponden con labores de asesoría legítimas o si constituyeron una dádiva ilícita de intermediación.
Por su parte, tanto Rodríguez Zapatero como el entorno del expresidente Luis Arce han rechazado categóricamente las acusaciones de irregularidad en reiteradas ocasiones. Mientras el proceso judicial avanza en paralelo a la par que la Audiencia Nacional de España debate la validez de los informes policiales de origen, los senadores bolivianos aseguran que irán hasta el fondo del asunto para determinar si existió un perjuicio directo a los activos públicos del Estado boliviano
