¿Hasta dónde llega la influencia de Mohamed VI sobre Pedro Sánchez? La investigación policial sobre el asalto masivo a Ceuta abre interrogantes de enorme gravedad sobre Marruecos, la seguridad nacional y la pasividad del Ejecutivo español.
La invasión ocurrida en Ceuta el pasado mes de julio debería haber provocado una crisis diplomática de primer orden entre España y Marruecos. Sin embargo, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez parece mucho más preocupado por no incomodar a Mohamed VI que por defender con firmeza los intereses nacionales españoles.
Las últimas informaciones conocidas son extraordinariamente preocupantes. La investigación policial ha identificado 97 conexiones digitales entre las redes que dinamizaron las entradas masivas en Ceuta y perfiles vinculados a integrantes de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia marroquíes.
No estamos hablando de una simple coincidencia geográfica ni de un episodio migratorio ordinario. Estamos hablando de una investigación que apunta a posibles conexiones entre personas que impulsaron una movilización multitudinaria para entrar en territorio español y miembros de los aparatos de seguridad de un país vecino.
97 conexiones que exigen explicaciones
El informe policial conocido este 17 de noviembre introduce un elemento de enorme gravedad en la investigación judicial.
Los investigadores han detectado conexiones mediante perfiles de enlace e intermediarios que habrían permitido mantener canales de comunicación discretos entre los dinamizadores de la movilización y perfiles relacionados con las estructuras de seguridad marroquíes.
La cuestión es inevitable: ¿qué hacían esos perfiles conectados con las redes que impulsaban el asalto a Ceuta? ¿Existía conocimiento previo de los planes? ¿Se facilitó información? ¿Hubo algún tipo de colaboración, tolerancia o protección?
Es cierto que las conexiones detectadas no demuestran por sí solas que el Gobierno marroquí organizara la operación. Pero tampoco pueden despacharse como si carecieran de importancia. La Audiencia Nacional debe llegar hasta el final y esclarecer todas las responsabilidades.
Marruecos conoce las advertencias y España no evita la crisis
Hay otro elemento especialmente indignante.
La documentación desclasificada revela que el CNI había advertido el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes de las convocatorias que promovían entradas masivas por mar y por la valla fronteriza. También hubo comunicaciones con responsables de la Guardia Civil y con el entorno de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Es decir, existían advertencias previas sobre la posibilidad de una entrada multitudinaria. Y, pese a ello, el 30 y el 31 de julio Ceuta sufrió una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias.
La pregunta que debe responder Pedro Sánchez es muy sencilla: ¿qué hizo exactamente su Gobierno para impedirlo?
¿Por qué no se reforzaron con suficiente antelación los dispositivos de seguridad? ¿Quién recibió las alertas? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Por qué las instituciones españolas no estuvieron preparadas para afrontar una situación que había sido advertida?
La responsabilidad de proteger las fronteras españolas corresponde al Estado español. Y esa responsabilidad no puede diluirse entre explicaciones burocráticas, contradicciones administrativas y declaraciones de conveniencia.
Mohamed VI siempre sale ganando
La política exterior de Pedro Sánchez respecto a Marruecos lleva demasiado tiempo cediendo… y generando interrogantes.
El cambio unilateral de posición sobre el Sáhara Occidental en 2022, la ausencia de explicaciones políticas convincentes sobre las circunstancias de aquella decisión y la dependencia de la cooperación marroquí en cuestiones migratorias han alimentado una percepción muy preocupante: España parece haber renunciado a buena parte de su capacidad de presión frente a Rabat.
Marruecos conoce perfectamente la importancia estratégica de su posición geográfica. Sabe que controla una de las principales rutas migratorias hacia Europa y que España necesita cooperación para gestionar sus fronteras. Y esa circunstancia le otorga una enorme capacidad de influencia.
La impresión que transmite el comportamiento del Ejecutivo español es demoledora: mientras Mohamed VI conserva su capacidad de presión, Pedro Sánchez evita cualquier enfrentamiento que pueda poner en peligro su relación con Rabat. ¿Qué le debe Sánchez a Mohamed VI, o qué tiene Mohamed VI sobre Sánchez? Eso es precisamente lo que muchos españoles identifican como una política de servidumbre diplomática.
Un CNI que no encuentra pruebas concluyentes y una Policía que encuentra conexiones
El CNI sostiene que no ha encontrado evidencias suficientes para atribuir la entrada masiva a una operación organizada por el Estado marroquí. Sin embargo, la Policía ha identificado 97 conexiones digitales entre los dinamizadores de la movilización y perfiles relacionados con los aparatos de seguridad de Marruecos.
Ambas informaciones deben examinarse conjuntamente. Que no se haya acreditado una orden directa de Mohamed VI no significa que no existieran contactos, conocimiento previo, tolerancia o actuaciones individuales que merezcan una investigación exhaustiva. El Gobierno no puede utilizar las conclusiones del CNI como una cortina de humo para evitar las preguntas que plantea la investigación policial. Y mucho menos puede pretender que los españoles acepten sin más que todo fue una sucesión imprevisible de acontecimientos.
Ceuta no puede ser moneda de cambio diplomática
Ceuta es España. Su población tiene exactamente el mismo derecho a la protección del Estado que cualquier ciudadano de Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otro rincón del país. Sus fronteras no pueden convertirse en instrumentos de presión diplomática ni en escenarios donde se mida hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno español para mantener buenas relaciones con Marruecos. Los ceutíes merecen seguridad, información y un Gobierno que no dude a la hora de defenderlos. También merecen saber por qué se produjeron los fallos de prevención, qué información manejaban las autoridades y qué medidas se han adoptado para impedir que vuelva a suceder. Y, sobre todo, merecen que ningún interés político o diplomático esté por encima de la soberanía española. Bajo los gobiernos de esta supuesta democracia y bajo el reinado de los traidores Juan Carlos I y Felipe VI es precisamente lo que está sucediendo.
Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones
La investigación judicial debe continuar hasta esclarecer el alcance real de esas 97 conexiones, la identidad y actividad de los perfiles implicados y cualquier posible relación con organismos oficiales marroquíes. Pero la responsabilidad política no puede esperar a que termine el procedimiento judicial. Pedro Sánchez debe explicar qué relación mantiene su Gobierno con Rabat, qué información recibió antes del asalto, qué medidas ordenó y por qué España no fue capaz de impedir una crisis fronteriza de semejante magnitud.
Si se demuestra que hubo participación o colaboración de agentes marroquíes, España deberá exigir responsabilidades diplomáticas y políticas al más alto nivel. Y si no se demuestra, el Gobierno seguirá teniendo que responder por los fallos de previsión, coordinación y protección de nuestras fronteras.