El Tribunal Supremo de España ha blindado el derecho al voto de unos 190.000 ciudadanos residentes en el extranjero, hijos de personas nacionalizadas a través de la Ley de Memoria Democrática. Con esta resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo frena la ofensiva jurídica de Vox y de la formación Iustitia Europa, que pretendían privar de las urnas a este colectivo en las elecciones generales y apoya tácitamente a las formaciones de izquierda que buscan votos en el extranjero para paliar un previsible desastre entre el voto nacional.
Luz verde para 190.000 votantes en el exterior
La Sección Cuarta del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares promovidas por los partidos políticos de la oposición. Su pretensión consistía en ampliar de forma retroactiva el veto electoral que ya pesa sobre los progenitores inscritos bajo la conocida «ley de nietos». De este modo, los 189.678 descendientes directos registrados en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) mantienen plenamente sus facultades de sufragio y podrán ejercer su derecho al voto sin restricciones adicionales. La resolución se adoptó por una clara mayoría de la sala, reflejando tensiones internas con el registro de un voto particular discrepante y un voto concurrente entre los seis magistrados firmantes.
En sus argumentos jurídicos, los magistrados han priorizado de manera rotunda la seguridad jurídica y el correcto desarrollo de los plazos constitucionales sobre las reclamaciones políticas de irregularidades administrativas. El Tribunal Supremo ha fundamentado su negativa a suspender el voto en base a dos pilares esenciales:
- Tiempos del calendario electoral: La petición de suspensión llegó con el proceso electoral muy avanzado, a escasos días del arranque formal de la campaña y a tan solo dos semanas de que se inicie el depósito físico de los sobres en las urnas de los consulados.
- Imposibilidad física de ejecución: El Alto Tribunal aceptó los argumentos de la Abogacía del Estado, que tildó la petición de la oposición como inviable. El censo disponible no cuenta con un desglose nominal automatizado que vincule de forma directa a cada elector con la vía administrativa específica por la cual su progenitor adquirió la condición de español.
Iniciar un proceso masivo de fiscalización y cruce de datos a estas alturas, señala el tribunal, provocaría una grave alteración del interés general y pondría en jaque la estabilidad del propio escrutinio general.
La dualidad del CERA frente a la «Ley de Nietos»
Con este pronunciamiento, el escenario del censo electoral en el extranjero queda fragmentado en dos bloques diferenciados bajo criterios dispares:
| Colectivo Afectado | Situación Electoral Actual | Justificación Jurídica |
|---|---|---|
| Hijos de nacionalizados (~190.000 personas) | AUTORIZADOS A VOTAR | Criterio de estabilidad. Su exclusión en plazos tan ajustados vulneraría la seguridad jurídica. |
| Nacionalizados directos (~163.000 personas) | MANTIENEN LA SUSPENSIÓN | Siguen vetados cautelarmente, salvo que los cónsules certifiquen de forma individual el exilio forzoso de sus ascendientes. |
El tribunal insiste en que esta autorización para los hijos no valida de forma permanente la legalidad de sus inscripciones de nacionalidad. La validez última de dichos expedientes administrativos se resolverá formalmente una vez que los magistrados entren a juzgar el fondo del asunto, pero con la garantía de que no se interferirá en el normal funcionamiento democrático inmediato.
